{"id":7183,"date":"2026-10-09T21:13:10","date_gmt":"2026-10-10T00:13:10","guid":{"rendered":"https:\/\/fapc.org.ar\/?p=7183"},"modified":"2026-10-09T21:18:59","modified_gmt":"2026-10-10T00:18:59","slug":"un-decreto-no-puede-derogar-una-ley","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fapc.org.ar\/?p=7183","title":{"rendered":"Un decreto no puede derogar una ley"},"content":{"rendered":"<div class=\"c-stack b-single-chain\" data-style-direction=\"vertical\" data-style-justification=\"start\" data-style-alignment=\"unset\" data-style-inline=\"false\" data-style-wrap=\"nowrap\">\n<div class=\"c-stack b-single-chain__children-stack\" data-style-direction=\"vertical\" data-style-justification=\"start\" data-style-alignment=\"unset\" data-style-inline=\"false\" data-style-wrap=\"nowrap\">\n<h1 class=\"p12Heading h1 p12Header \">Un decreto no puede derogar una ley (y la Corte lo sabe)<\/h1>\n<div class=\"p12-article-info\">\n<div class=\"article-info-content\">\n<div class=\"left-content\">\n<div class=\"p12Author one-line\">\n<div class=\"p12Author--image\">\n<div class=\"profile-img no-avatar\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"author-name\">\n<p><span class=\"prefix\">Por<\/span><\/p>\n<div class=\"name\">Roberto Gargarella, Laura Cl\u00e9rico y Ra\u00fal Gustavo Ferreyra<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<hr class=\"p12-divider p12-divider--vertical \" aria-hidden=\"true\" \/>\n<div class=\"right-content\">\n<div class=\"p12Date undefined\"><time datetime=\"2026-10-02T03:01:00Z\">02 de octubre de 2026 &#8211; 00:01<\/time><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"p12-lead-art\">\n<figure class=\"c-media-item\">\n<div class=\"p12-lead-art__image-wrapper\"><picture class=\"c-picture\"><source srcset=\"https:\/\/www.pagina12.com.ar\/resizer\/v2\/O2Z5UJRTPNF43PQOUWP3DWVMXM.jpg?quality=75&amp;auth=b346b88cc080a85659e7a0ede29719996a6ecbb58cd1acf9da5db0c60920e011&amp;width=380\" media=\"(max-width: 767px)\" \/><img decoding=\"async\" class=\"c-image\" src=\"https:\/\/www.pagina12.com.ar\/resizer\/v2\/O2Z5UJRTPNF43PQOUWP3DWVMXM.jpg?quality=75&amp;auth=b346b88cc080a85659e7a0ede29719996a6ecbb58cd1acf9da5db0c60920e011&amp;width=3636\" srcset=\"https:\/\/www.pagina12.com.ar\/resizer\/v2\/O2Z5UJRTPNF43PQOUWP3DWVMXM.jpg?quality=75&amp;auth=b346b88cc080a85659e7a0ede29719996a6ecbb58cd1acf9da5db0c60920e011&amp;width=980 980w\" alt=\"\" width=\"3636\" height=\"NaN\" data-chromatic=\"ignore\" \/><\/picture><\/div><figcaption class=\"c-media-item__fig-caption\"><span class=\"c-media-item__title\">Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n <\/span><span class=\"c-media-item__credit\">prensa<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"article-content\">\n<article class=\"p12-article-body \">\n<p class=\"c-paragraph\">El 29 de septiembre la Corte Suprema dict\u00f3 sentencia en el caso \u201cC.E.C.I.M. La Plata c\/ PEN\u201d. El Tribunal no se pronunci\u00f3 sobre el DNU 70\/2023 \u2014dijo, expresamente, que no lo hac\u00eda\u2014, pero dej\u00f3 firme la derogaci\u00f3n de la ley 26.737 de Tierras Rurales, dispuesta inconstitucionalmente por ese decreto. Quisi\u00e9ramos decir algunas cosas sobre el fallo, sobre las varias posibles. Y quisi\u00e9ramos empezar por una que, aunque parezca parad\u00f3jica, nos parece importante: tanto el decreto como la sentencia son, a nuestro juicio, inconstitucionales.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">Sin embargo, ambos siguen vigentes , por ahora. Es decir, rigen, se aplican, producen efectos \u2014aunque contradigan a la Constituci\u00f3n\u2014. Es esa brecha la que obliga a discutir.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">Primero, dir\u00edamos que lo m\u00e1s importante que aqu\u00ed est\u00e1 en discusi\u00f3n es el DNU 70\/2023, abiertamente inconstitucional, y que la Corte tiene para decidir (y no quiere hacerlo) desde hace tres a\u00f1os, a partir de una demanda bien fundada, interpuesta por una asociaci\u00f3n bien legitimada para hacerlo (caso CGT). El punto es muy importante, porque el DNU ha puesto en crisis al sistema constitucional argentino, y representa un agravio extraordinario para nuestro ordenamiento jur\u00eddico \u2014un agravio, hasta hoy, y en los hechos, amparado inexplicablemente por la Corte\u2014.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">Segundo, dir\u00edamos que en el caso concreto (CECIM La Plata) est\u00e1 en juego una ley nacional \u2014y subrayamos ley nacional\u2014, la ley 26.737, sobre R\u00e9gimen de Tierras, \u201cderogada por un decreto\u201d (sic), el DNU 70\/2023 a trav\u00e9s de su art\u00edculo 154. Para quienes tienen menos familiaridad con el derecho, debe aclararse que ning\u00fan decreto puede derogar, nunca, una ley nacional. Mucho menos del modo en que se lo hizo entonces, esto es, a partir de razones gen\u00e9ricas que aparecen en los considerandos generales del decreto (es decir, no hubo ninguna raz\u00f3n espec\u00edfica que justificara semejante \u2014perd\u00f3n por el t\u00e9rmino\u2014 abominaci\u00f3n jur\u00eddica, promovida por el equipo econ\u00f3mico de este gobierno). El agravio fue tal que la C\u00e1mara Federal declar\u00f3 inconstitucional ese art\u00edculo 154, impugnado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata. Esto tambi\u00e9n importa, porque en el fondo de lo que se discuti\u00f3 en el fallo de la Corte del 29 de septiembre se encuentra ese hecho antijur\u00eddico extraordinario: un art\u00edculo de un decreto \u201cderogando\u201d una ley nacional.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">Tercero, dir\u00edamos que la Corte adopt\u00f3 un subterfugio legal, aparentemente t\u00e9cnico \u2014la \u201cfalta de legitimaci\u00f3n\u201d del CECIM para impugnar el art\u00edculo en cuesti\u00f3n\u2014, para revocar la sentencia de la C\u00e1mara y dejar as\u00ed, en los hechos, derogada la Ley de Tierras (luego de los notables debates que tuvi\u00e9ramos hacia el final del Mundial, en defensa del establecimiento de l\u00edmites en la materia). Una vez m\u00e1s, la Corte recurre a una excusa en apariencia t\u00e9cnica para mantener vigente una aberraci\u00f3n jur\u00eddica: un decreto derogando una ley.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">La Corte nos dice que su fallo \u201cno supone abrir juicio\u201d sobre el DNU 70\/2023. Pero, en los hechos, lo convalida. Es lo que algunos llamar\u00edan una contradicci\u00f3n performativa: lo que la sentencia afirma queda desmentido por lo que la sentencia hace, y por lo que proyecta.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">Dicho de manera m\u00e1s simple: decir que elige no pronunciarse sobre el DNU 70\/2023, implica decidir que sigue vigente. Y una supuesta abstenci\u00f3n judicial que favorece a una de las partes no es neutral \u2014es, m\u00e1s bien, una decisi\u00f3n sin fundamento\u2014. Vale la pena recordar, adem\u00e1s, que la propia Constituci\u00f3n exige que los jueces de la Corte, al desempe\u00f1ar sus tareas, administren \u201cjusticia bien y legalmente\u201d.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">Cuarto, quisi\u00e9ramos detenernos en el argumento central de la Corte, que tiene que ver con una interpretaci\u00f3n antojadiza y muy restrictiva del art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n. Ese art\u00edculo instituye una concepci\u00f3n muy abierta y amplia sobre la legitimaci\u00f3n \u2014esto es, sobre la concreta posibilidad de actuar en un proceso\u2014 frente a los derechos de incidencia colectiva: basta leer el art\u00edculo. El CECIM tiene esa legitimaci\u00f3n en virtud del art\u00edculo 43, no por concesi\u00f3n graciosa de los tribunales. Y el punto tiene un inter\u00e9s especial, dado que los principales defensores jur\u00eddicos de esta decisi\u00f3n de la Corte son defensores de visiones \u201ctextualistas\u201d, es decir, muy restrictivas en materia de lo que puede hacer la Corte al interpretar la Constituci\u00f3n. Ellos deber\u00edan explicarnos, entonces, c\u00f3mo es que aceptan la cantidad de requisitos limitativos que viene imponiendo la Corte en materia de legitimaci\u00f3n activa en litigios colectivos cuando la letra de la Constituci\u00f3n dice todo lo contrario. Algo similar ocurre con la exigencia de \u201ccausa\u201d. M\u00e1s all\u00e1 de la opinable vigencia de esa noci\u00f3n \u2014elaborada por la propia Corte en el siglo XIX\u2014, en este caso hay, claramente, controversia constitucional.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">Por un lado, una de las partes, el CECIM, se encuentra constitucionalmente legitimada para actuar en el juicio. Por otro, la materia en debate \u2014la soberan\u00eda, bien colectivo de todas las personas argentinas\u2014 resulta razonablemente susceptible de judicializaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">Quinto, nos interesa discutir la idea de soberan\u00eda que maneja el Tribunal. La Corte reduce la soberan\u00eda territorial a un conjunto de competencias del Estado, y la presenta como uno de los elementos constitutivos de ese Estado. No compartimos esa premisa. Los elementos del Estado son el pueblo, el poder, el territorio y la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">La soberan\u00eda, en cambio, no es un elemento m\u00e1s: es un bien, y reside en el pueblo, en su ciudadan\u00eda, que es su \u00fanico titular. No pertenece al gobierno de turno \u2014es un bien colectivo de todo el pueblo argentino \u2014.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">Es indivisible, nadie puede apropi\u00e1rsela, y su afectaci\u00f3n alcanza a toda la comunidad. Y advi\u00e9rtase: esos son exactamente los rasgos que el precedente \u201cHalabi\u201d exige para reconocer un bien colectivo. Es decir, la Corte se niega a aplicar su propia doctrina.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">Adem\u00e1s, que la soberan\u00eda territorial no es separable de la soberan\u00eda popular: el Estado ejerce sobre el territorio un poder cuyo titular es el pueblo. Separar la soberan\u00eda del pueblo contradice los art\u00edculos de la Constituci\u00f3n que consagran el principio de la soberan\u00eda popular. Lo que queremos decir es simple: si la soberan\u00eda fuera apenas una competencia t\u00e9cnica del aparato estatal, entonces quien gobierna podr\u00eda disponer de ella sin rendir cuentas a quienes son sus verdaderos titulares.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">Sexto, la sentencia y su resultado profundizan la gravedad institucional. Si se niega legitimaci\u00f3n a quienes defienden un bien colectivo, la derogaci\u00f3n de una ley sobre la tierra dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia queda, en los hechos, fuera del control judicial. As\u00ed, la divisi\u00f3n de poderes \u2014pensada para limitar al poder\u2014 termina protegiendo al Poder Ejecutivo y no a la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">Finalmente, agregaremos que el dato clave para distinguir entre una Corte preocupada por la justicia social y otra conservadora en la materia es el vinculado con el modo \u2014amplio o restrictivo\u2014 en que entiende la se\u00f1alada legitimaci\u00f3n. Concepciones amplias nos refieren a tribunales abiertos a la ciudadan\u00eda en general, y a los grupos m\u00e1s desaventajados en particular; concepciones restrictivas o muy restrictivas, como la que viene sosteniendo la Corte, nos refieren a tribunales alineados con pol\u00edticas sociales y econ\u00f3micas muy conservadoras.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\">\u00bfQu\u00e9 queda? Por lo pronto, queda el Congreso. La C\u00e1mara de Diputados debe pronunciarse sobre el DNU 70\/2023. El Senado ya lo hizo, el 14 de marzo de 2024, y rechaz\u00f3 semejante atropello al Derecho. Falta que lo haga la otra C\u00e1mara. Porque la tierra y el territorio no pueden quedar sin control judicial ni legislativo. Y si la Corte eligi\u00f3 el silencio \u2014un silencio que, como vimos, decide\u2014, el Congreso no puede hacer lo mismo.<\/p>\n<p class=\"c-paragraph\"><i>Profesores titulares de Derecho Constitucional, UBA<\/i><\/p>\n<\/article>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un decreto no puede derogar una ley (y la Corte lo sabe) Por Roberto Gargarella, Laura Cl\u00e9rico y Ra\u00fal Gustavo Ferreyra 02 de octubre de 2026 &#8211; 00:01 Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n prensa El 29 de septiembre la Corte Suprema dict\u00f3 sentencia en el caso \u201cC.E.C.I.M. La Plata c\/ PEN\u201d. 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