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Me presento en esta Audiencia a través de un texto, ya que he sido privada de mi derecho de hacerlo personalmente.

Vengo en representación de la Fundación Acción para la Comunidad, en mi carácter de Doctora en Ciencias Naturales y como ciudadana preocupada por la preservación del ambiente y la provisión de agua en Argentina.

A través de lo que hemos visto sobre el manejo de esta Audiencia, creemos que existe un grave peligro de que  se traduzca a una instancia meramente formal y en tal sentido debemos recordar que tanto la Ley General de Ambiente  como el Acuerdo de Escazú son claros en que la participación debe ser efectiva y asegurar que las voces de la ciudadanía sean oídas en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, especialmente en las etapas de planificación y evaluación.

En primera medida, queremos señalar que esta reforma de ley pone en peligro la existencia de las zonas o ambientes periglaciares. Estas son áreas de clima frío que se caracterizan por la presencia de suelos congelados con ciclos intensos de congelamiento y descongelamiento; actúan como una reserva de agua dulce en estado sólido, van liberando el agua gradualmente y de este modo regulan el caudal de los ríos. Estos ambientes no son, como se dijo por ahí, un montón de piedras congeladas que no sirven para nada, sino que, a diferencia de los glaciares, no fluyen pero su ciclo de deshielo es fundamental para el ecosistema.

Entonces, vale aclarar que la actual Ley de Protección de Glaciares no es una ley antiminera, sino una ley que protege las nacientes de los ríos. Cabe señalar que en los glaciares y el ambiente periglaciar argentinos nacen gran parte de los ríos de nuestro país, que les dan agua, trabajo y vida a más de siete millones de personas. Esta protección es muy importante, porque una gran parte de nuestro territorio es árido o semiárido y depende del deshielo.

La zona periglaciar fue definida para la actual ley, en el Inventario Nacional de Glaciares —elaborado por el Instituto Argentino de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un organismo científico que queda relegado y desautorizado en el proyecto de reforma oficial. Según la reforma,  los encargados de definir estas zonas pasarían a ser funcionarios provinciales de segundo orden, sin conocimiento especifico sobre el tema y pasibles, por su posición, de presiones de índole económica.

Resulta lamentable que aquellas provincias que se han manifestado a favor de la modificación, son justamente las que exhiben stress hídrico y mayor dependencia tienen de estos ambientes.

No obstante, varias provincias han cuestionado el proyecto. Uno de estos cuestionamientos se refiere al corrimiento del Ianigla y la falta de financiamiento del presupuesto nacional para las provincias que quedarán con la tarea de realizar los Estudios de Impacto Ambiental, la falta de  obligatoriedad de los Estudios de Impacto Estratégico y la ausencia de un enfoque desde el cambio climático y del rol que tienen los glaciares en materia de adaptación al cambio.

Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Jujuy han señalado que  la norma no  deja en claro los criterios técnicos para evaluar la condición de reserva estratégica de recursos y significancia hídrica y por lo tanto, viola la seguridad jurídica.

A través de diversos documentos, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema),  relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones socioambientales y constitucionalistas, han denunciado la legislación nacional y los tratados internacionales que se vulneran con la modificación de la ley, lo cual anticipa juicios por inconstitucionalidad.

Este proyecto de reforma está hecho a la medida de intereses de varios proyectos y empresas, que tienen nombre como Vicuña y Glencore, Barrick Gold con su proyecto Veladero, Río Tinto con Black Rock y el proyecto Mara en Catamarca.

Solo las multinacionales mineras y sus gobernadores y legisladores aliados, priorizan la actividad extractiva por sobre el acceso de la población al agua.

Hasta ahora he argumentado como profesional,  pero en la convocatoria a esta audiencia también se llamaba a participar desde distintos puntos de vista, inclusive, para contar experiencias personales.

En tal sentido, quiero relatar mi experiencia como investigadora durante 25 años en la provincia de Catamarca. En la década del noventa, cuando se comenzó a preparar la llegada de La Alumbrera a Andalgalá, fui testigo de la alegría y la esperanza de los pobladores de la zona, ante la expectativa de generación de trabajo. Debo decir, que en la zona sur de Andalgalá, donde trabajaba, no conocí a un solo poblador que consiguiera trabajo en la minera, vi caer sus ilusiones pero no vi que mejorara su situación económica. Al día de hoy, la comunidad de Andalgalá, en función de la experiencia vivida y del pasivo ambiental generado, se opone a la explotación minera.

Han pasado muchos años desde que en Catamarca se explota la minería y sigue siendo una de las provincias mas pobres de la Argentina, por eso, pido a los señores que avalan esta reforma, que no nos traten como a estúpidos, como a fanáticos que no desean el desarrollo del país. Somos ciudadanos que estamos preocupados por el pasivo ambiental que generan estos proyectos, que deseamos que los pueblos tengan acceso al agua, que las explotaciones mineras respeten el ambiente, produciendo la menor cantidad de daño posible y que las riquezas que se generen produzcan una mejora en las condiciones de vida de las poblaciones.

Por todo lo expuesto, decimos NO, a la reforma de la Ley de Glaciares.

Barbara Balesta