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Impacto en precios y en la calidad de bienes y servicios de las políticas «promercado»

Transcurridos varios meses del actual gobierno, quedan claras las consecuencias de la desregulación total. Es indispensable un Estado activo e inteligente, que cumpla con la sociedad y no despilfarre recursos.

Por Américo García*

La alta inflación que caracteriza la coyuntura actual es consecuencia, entre otros factores, de la propia política gubernamental, que desde sus concepciones ha decidido liberar los precios de casi todos los bienes y servicios, retirar subsidios y levantar regulaciones.

En estas decisiones pareciera no existir diferenciaciones en los tipos de mercados que enfrentan ciertas actividades, como el caso de mercados fuertemente monopolizados u oligopolizados, con la presencia de pocas empresas que manejan la producción y comercialización, ni tampoco de la naturaleza de ciertos consumos por parte de la mayoría de la población, como alimentos, servicios públicos, salud y educación.

Solo un ejemplo de esto fue el retiro de los subsidios al transporte de pasajeros por lo cual aumentaron las tarifas de los colectivos en todas las provincias. Según el Ejecutivo, la decisión se fundamentó en razones de equidad. Lo mismo había dicho para justificar las subas en el boleto del transporte en el AMBA.

Más allá de las contradicciones cotidianas del Gobierno y de las venganzas políticas por el no apoyo, en su momento, a la Ley Ómnibus, lo cierto es que la concepción que inspira a la política gubernamental tiene que ver con la idea central que todo lo que se consume, incluso aquellos bienes y servicios que satisfacen necesidades básicas y esenciales, tienen que tener un precio y que éste debe ser fijado por el mercado.

Mercado y necesidades

Una de las definiciones de la sociedad en la que vivimos, de carácter capitalista, es que se trata de un sistema de producción generalizada de mercancías. Una mercancía se caracteriza, por una parte, por satisfacer una necesidad humana y social y, por otra, por tener un precio, es decir, para acceder a ellas hay que pagar. Está claro que esas necesidades son de distinta naturaleza. Las hay de carácter básico y esencial, que tienen que ver con la propia subsistencia, como las de alimentación, y las hay de carácter superfluo, que muchas veces tienen que ver más con el exhibicionismo que con el consumo básico.

Es por estas diferencias que en distintos países, a veces por iniciativas gubernamentales y a veces por presión social, se han tomado diversas medidas destinadas a hacer más accesible el consumo a los bienes y servicios que satisfacen necesidades básicas.

Subsidios, precios máximos, precios regulados, financiamiento para la producción, créditos para el consumo, tipo de cambio diferencial para la importación, exigencia de abastecimiento, control de los monopolios, exenciones impositivas, son medidas que se han adoptado para garantizar la producción, el abastecimiento y el acceso al consumo de esos bienes y servicios esenciales para el conjunto de la población.

En algunos casos, hay bienes y servicios cuyo consumo no sólo satisface una necesidad individual, sino que también el acceso por parte del conjunto de la población influye en el bienestar general. Un caso evidente de esto son las vacunas, que no sólo protegen a quienes las reciben sino también al resto de la población evitando los contagios; y lo mismo puede decirse de la mayoría de los servicios públicos, como es evidente en el agua potable y el saneamiento.

Desde la concepción extrema de Milei y de sus funcionarios, se auspicia la quita de subsidio y de regulaciones que se aplican en sectores que justamente producen bienes y proveen servicios básicos y desde una posición absolutamente dogmática se le asigna al mercado, o sea a las empresas que dominan esas áreas, la función de determinar cantidades, calidades y precios.

Desprotección

En el mega DNU, de dudosa validez constitucional, se derogan leyes que precisamente están destinadas a proteger a la parte más débil de las actividades (de los mercados) que producen y comercializan bienes y servicios esenciales.

Se deroga la Ley de abastecimiento, cuyo origen se remonta al gobierno radical de Arturo Illia, que permite al Estado fijar precios, garantizar el abastecimiento y evitar maniobras especulativas, favoreciendo el manejo de los monopolios que producen bienes de consumo masivo y a aquellos pulpos que los comercializan como las cadenas de hipermercados.

Se deroga también la Ley de góndolas, aprobada por una amplia mayoría parlamentaria, que permite a las empresas pequeñas y medianas acceder a las góndolas de las grandes cadenas de comercialización y que le amplía a los consumidores su capacidad de elección de productos, marcas y precios. Un ejemplo ilustrativo: hay muchas marcas de fideos, pero la mayoría de ellas son de una sola empresa –Molinos Río de la Plata– y con esa derogación seguirá monopolizando la producción y comercialización de fideos, las pymes verán reducidas su capacidad de comercialización y los consumidores deberán resignar su derecho a la elección.

Se desregula el régimen de medicina prepaga, que perjudica mayormente a los usuarios de clase media. En los primeros meses del 2024, los precios se duplicaron. Algunas consultoras estiman que el 70 por ciento de los usuarios está pensando pasarse a un plan más barato, cuestión que ya está ocurriendo.

Pero a las grandes empresas que dominan la actividad eso no les preocupa porque trabajan con lo que se denomina la “crema” de ese mercado, es decir, aquellas familias de mayor poder adquisitivo y de ingresos que más allá de los grandes aumentos seguirán con sus planes.

La desregulación alcanza también al régimen de tarjetas de crédito, permitiendo a los bancos emisores cobrar las tasas de interés por financiación y por demoras en los pagos (punitorios) que ellos quieran. Cabe aclarar que compras y financiamiento a través de tarjetas de créditos alcanzan también a los sectores populares, que ya estaban fuertemente endeudados a partir del recrudecimiento de la inflación y del retroceso de sus ingresos.

Otra concepción

Desde una concepción diferente de la sociedad, que tienda a una mayor igualdad de sus integrantes y a una mayor equidad en su funcionamiento, es imprescindible diseñar e implementar políticas que faciliten el acceso de la mayoría de la población, y en especial de sus capas de menores ingresos, al consumo de los bienes y servicios básicos y de aquellos que contribuyen a un mayor bienestar general.

No siempre las herramientas usadas para esos fines han sido las más adecuadas, o en diversas circunstancias no fueron bien implementadas. Las nuevas realidades que se viven en el mundo y en la sociedad argentina, en lo material y en la conciencia social, no pueden ser abordadas desde viejas concepciones y tratadas con herramientas vetustas.

Para reconstruir una mayoría social que pueda ser el vehículo para la transformación hacia una sociedad inclusiva, justa, democrática y participativa se requiere innovar en los análisis, en las propuestas y en los instrumentos para transitar esos nuevos caminos.

En tal sentido, es necesario contar con un Estado no sólo activo, sino también eficiente, esto es, que persiga y cumpla con los objetivos que la sociedad le demanda y que no despilfarre sus recursos. Debe ser claro y transparente quien aporta y quien recibe los subsidios, para evitar situaciones regresivas o de falsa inclusión o exclusión. No debe exagerarse en el uso de las herramientas regulatorias, porque terminan incrementando los costos operativos empresariales, obturan la inversión o crean situaciones propicias para la corrupción.

*Director de la Fundación Acción para la Comunidad.

Artículo publicado en Página/12 el 14 de abril de 2024