Como y desde donde se fortalece el Estado

Como y desde donde se fortalece el Estado

Américo García*

La presencia en el gobierno de  una coalición política que se identifica con los intereses nacionales y populares plantea, casi siempre, la necesidad de fortalecer la presencia del Estado y de las políticas públicas como una forma de balancear el poder emanado de los sectores económicos más concentrados.

Un Estado fuerte es, sin duda, una definición insuficiente. Entre otras deficiencias no nos habla de la orientación de sus políticas. Para ejemplificar, podríamos decir que, sin duda, el Estado conducido por Margaret Thatcher fue un Estado fuerte, que modificó las correlaciones de fuerzas en esa sociedad, privatizó todos aquellos sectores que habían caracterizado al estado de bienestar, modificó la legislación y prácticas laborales restando poder al sindicalismo y estableció nuevos marcos jurídicos para inaugurar la etapa neoliberal en la acumulación capitalista a escala mundial. Todo un período que se vio complementado con Reagan en los EE. UU.

Más allá de este ejemplo, no elegido al azar, por cierto, podríamos decir que un Estado fuerte, entre otros aspectos, se caracterizaría por su capacidad para hacer cumplir la legislación, las normas y los reglamentos que emanan desde sus instituciones. Estaríamos poniendo entonces el eje más en la relación entre ese Estado y la sociedad. Es que en definitiva el Estado es parte de la sociedad. Es una creación de la propia sociedad. Entonces, un Estado fuerte puede ser también aquel con capacidad para influir en la conducta de los y las ciudadanas.

Las situaciones que originó la irrupción de la pandemia del Covid-19 en todo el mundo, ha replanteado, entre muchas cosas, el papel del Estado, su naturaleza, sus funciones, su grado de intervención, su orientación, su vinculación con la sociedad y con las distintas clases y fracciones que la componen.

En algún sentido hemos visto que las respuestas más efectivas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia provinieron de los Estados orientales. Hay quienes atribuyen esto a las características de sus regímenes políticos, rayanos con el autoritarismo, pero también otros análisis lo vinculan con una relación más estrecha entre Estado y sociedad, con una cultura que se caracterizaría por su mayor grado de obediencia y confianza en las normas y decisiones estatales. Es que las diferentes respuestas implementadas por distintos estados y gobiernos no solo tienen que ver con la ideología de sus gobernantes sino también con la estructuración del poder en esas sociedades.

La cuestión es: ¿desde donde se fortalece el Estado y sus políticas?, ¿desde los despachos de los funcionarios?, ¿desde los decretos presidenciales?, ¿desde la legislación sancionada por el Congreso? Sin duda, todas estas cuestiones tienen un papel decisivo en la gestión de un gobierno: funcionarios que funcionen, correctas decisiones y buenas leyes. Pero con solo llegar al gobierno no se alcanza el poder real del Estado.

Gobierno y Estado

Si no se distingue el gobierno del Estado, puede caerse en la ilusión que acceder al gobierno equivale a controlar el poder estatal. Esta concepción puede implicar riesgos, en términos de las relaciones de poder y también frustraciones en las posibilidades de transformación social. Una cosa es que el gobierno hable en nombre del Estado y que formalmente asuma la administración y conducción del Estado y otra es que efectivamente asuma y controle ese poder. Es por eso que en nuestro caso debemos tratar de desentrañar hasta que punto el gobierno de Alberto Fernández controla el poder, o parte de él, porque eso nos dará la clave para determinar por donde y de que manera avanzar en un proceso de transformación social, y cuales son las cuestiones a modificar para alterar la correlación de fuerzas existentes. Y tal vez se concluya que ese proceso de transformación implicará necesariamente, para que sea factible, la alteración de las bases estructurales en las cuales se asienta el poder dominante.

Dice García Linera: “La fuerza y la debilidad de un Estado en su estructura material, en su infraestructura, en sus recursos, es la propia sociedad. En la experiencia continental, ¿cuándo se han dado procesos de nacionalización de recursos que estaban en manos de los ricos? Cuando la sociedad había discutido previamente que había que nacionalizar, que era injusto que eso, que era de los bolivianos, o de los ecuatorianos, o de los venezolanos, se lo llevaran los gringos.”

En la sociedad en la que vivimos, de carácter capitalista, y dependiente del sistema internacional, un Estado debe, entre otras funciones, propender a un régimen de toma de decisiones que asegure la gobernabilidad y resuelva civilizadamente la conflictividad propia del capitalismo; impulsar el desarrollo productivo, que asegure trabajo e ingresos para la mayoría de la población; impulsar la posibilidad de una justa distribución de la riqueza y de los ingresos generados por ese desarrollo. Un gobierno que intenta representar los intereses de las mayorías populares debería entonces propiciar una ampliación del sistema democrático para que esa toma de decisiones involucre a las mayorías de los destinatarios de los frutos del desarrollo, estimulando mecanismos diversos de participación directa y, a su vez, de control de los representantes y de los funcionarios. Debería también impulsar un estilo de desarrollo que estimule formas de producción y de consumo que no impliquen la destrucción de los recursos naturales y la depredación del medio ambiente, que fomente forma de propiedad social para que la generación del excedente económico sea canalizado hacia la propia sociedad, en la búsqueda de mejoras en la productividad del trabajo; e impulsar un uso de la tecnología que no implique la sobreexplotación del trabajo ni el disciplinamiento social. Y en tercer lugar, en un proceso de transformación y democratización de la sociedad, es indispensable una mejor distribución de los bienes producidos y de los ingresos generados, de manera tal de fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y transitar un sendero hacia una sociedad más igualitaria.

Pero una propuesta de tal naturaleza, que puede formularse de distinta maneras, no resulta políticamente de fácil realización. El proceso político argentino así lo revela, con ciclos orientados desde diferentes concepciones que han alternado políticas inclusivas, de democratización, de mejor distribución de la riqueza social, con políticas de concentración de la propiedad y los ingresos, con distribución regresiva de la creación de riqueza y conculcación de derechos.

Es necesario claridad en la formulación de las políticas y también compromiso en la toma de decisiones. Pero esos impulsos no devienen solamente desde los despachos oficiales. No bastan los buenos funcionarios. Se hace necesario el acompañamiento social amplio. La movilización social. Esto no se simplemente la gente en la calle. Eso es necesario y vital, pero la movilización implica también la democratización en la toma de decisiones, para que los beneficiarios de esas políticas estén comprometidos en su realización y sean parte de esas decisiones. Implica también fomentar la toma de conciencia del los sectores sociales beneficiarios de ese estilo de desarrollo y la difusión de los objetivos y de las herramientas para alcanzarlos para que las mayorías impulsoras y beneficiarias de esas políticas se involucren, no sólo en el apoyo sino también en la propia gestión.

El E no es solo un conjunto de instituciones, el “aparato institucional”,  su dimensión material, lo primero que vemos cuando pensamos en el Estado (el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, las fuerzas armadas, la policía,), también el E es idea, tiene una dimensión ideal, expresa en su interior y en su expresión hacia afuera, en sus políticas públicas, relaciones de fuerzas, porque el E es una relación social, y ahí se expresan presiones, acuerdos, convenios. También símbolos, historias, creencias. Entonces, para fortalecer el Estado, para que este sea protagonista en un proceso de cambio, hay que trabajar también en el plano de las ideas, para establecer un nuevo sentido común que oriente a las mayorías populares hacia el objetivo de construir una sociedad más inclusiva, igualitaria y solidaria.

En definitiva, el centro del cambio debe ponerse en la sociedad civil, no exclusivamente en el Estado.

Pero está claro también que el Estado tiene un conjunto de herramientas que deben ser usadas por un gobierno progresista para alterar las relaciones de fuerza y para poner límites a las presiones que sobre el Estado y la orientación de  las políticas públicas se ejercen desde el poder económico. Esas herramientas van desde los recursos presupuestarios, su aplicación, su orientación hasta el manejo de las empresas de propiedad estatal o con mayoría estatal o con participación estatal, cuyas políticas deben tratar de ser orientadas en función de los intereses que un gobierno popular quiere representar; pasando también por los instrumentos de política económica como son los tributarios, financieros, cambiarios y las distintas forma de regulación económica.

Dependerá del éxito de estas políticas e iniciativas que se pueda avanzar más en la democratización de la riqueza social y en la difusión de otras formas de propiedad social las cuales a su vez habrán de depender de la conciencia social en torno a esos objetivos y en la movilización social para alcanzarlos

* Vicepresidente de la Fundación Acción para la Comunidad