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Debate Presidencial 2: ¿QUIÉN GANÓ Y QUIÉN PERDIÓ?

Debate Presidencial 2: ¿QUIÉN GANÓ
Y QUIÉN PERDIÓ?

(Por el Lic. Diego Ramos, Politólogo)

LA SOCIEDAD DEBE GANAR SU PROPIO DEBATE INTERNO. “¿Quién te parece
que perdió? – “yo creo que ganó fulano de tal y perdió aquel…” Después de un
debate presidencial, a la que la ciudadanía argentina cada vez más presta
atención, inmediatamente las preguntas sobre quién ganó y quién perdió
perduran y se intensifican en días posteriores. Cómo no hacerlo, si en el fondo
es el interrogante que cada elector, ciudadana/o se pregunta así mismo ¿con
quién ganaré, con quién perderé? La ilusión, en unos más y en otros menos,
pero ilusión al fin, está siempre intacta en el electorado a la hora de decidir su
voto.

Pasó el primer y el segundo debate con porcentajes altísimos de audiencia,
donde las estrategias comunicacionales de los equipos electorales
construyeron subjetividades, es decir que se intentó por todo los medios
construir “realidades verdades y falsedades” en el electorado en torno a
cada candidato. No es cierto que los debates no mueven el amperímetro,
sostener esta apreciación sería creer que el elector es un mero receptor.

La sociedad argentina cada vez más aceita los nuevos formatos
comunicacionales: simplificados, cortos y de impacto (Instagram, Twitter,
TikTok, YouTube, Facebook, etc.) y en esta dirección el debate presidencial
tuvo ese formato; ya no tienen lugar los extensos discursos clásicos, por
esta razón, el candidato que logró en el debate comunicar ideas,
propuestas, sin fisuras, sin ira, ni chicanas, en ese breve tiempo, no desde
el simplismo (frases al boleo y sin sentido) sino desde la simplicidad (breve
y claro) fue el que mejor recepción tuvo de la audiencia, sobre todo de
aquellos que tienen sus votos indefinidos, dubitativos o cambiante, sea por
el primer o segundo debate.

Un conjunto de elementos proveniente de un bombardeo de información,
mala comunicación y falsa información, atravesaron a las subjetividades del
electorado: están en juego y es necesario seguir reconsiderándolas.
El error y la ilusión, fue la metodología utilizada por ciertos candidatos, que
se derrumbaron al pasar por el colador de ideas y propuestas políticas en el
debate presidencial: las “fake news”, las chicanas, los cotillones de campaña
que intentaron reemplazar a las ideas desde el error y la ilusión, se topan
con la sociedad argentina que comienza con mayor fuerza a demandar
claridad en las propuestas.

¿Podemos ilusionarnos desde el error? por supuesto que sí. El error y la
ilusión confunden muchas veces e imposibilita mirar con mayor claridad: el
mayor error sería subestimar el problema del error; la mayor ilusión sería
subestimar el problema de la ilusión.

El miedo, la ira, la tristeza, la bronca, emociones que juegan malas pasadas
en la vida diaria, son las que multiplican el riesgo del error, y si están
presentes en una porción del electorado, mucho más. Estas principales
emociones fueron cooptadas por algún “falso profeta” que intentó desde la
falacia (engaño o mentira) ilusionar desde el error.
¿Quién ganó y quién perdió el debate? no se trata tan solo responder desde
las emociones en alusión y exclusivamente en relación a los candidatos.
Necesitamos hacer el esfuerzo responsable de salir de Lo Político (espacio
irracional, disruptivo, emocional, de las falacias, sin ideas y proyectos
reales) que ciertos candidatos propusieron.

La sociedad reclama pegar el salto hacia La Política (espacio de la
racionalidad política, de las ideas, del respeto y de proyectos colectivos).
La sociedad argentina ganará su propio debate interno, en una siempre
democracia paradojal, y lo hará en estos 40 años de democracia
ininterrumpida desde la memoria de los derechos conquistados, de los que
faltan ampliar, nunca desde la anti política, siempre desde la política, desde
su sentido de ser pueblo, al que el modelo de “Estado presente”, con errores
y aciertos, siempre lo reconoció como tal en su defensa y dignidad.

09/10/2023

Publicaciones

Análisis del prestigioso ingeniero Hernán Orduna de los pliegos de licitación de la vía navegable troncal

ANÁLISIS REVISADO PLIEGOS LICITACIÓN VNT al 27 de enero de 2026

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03/02/2026

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NEGACION DE UN DERECHO HUMANO | HACIA UN NUEVO (Y VIEJO) FRACASO

AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS

Mientras en el mundo se revisan críticamente las privatizaciones de los años noventa del siglo pasado, particularmente las de la provisión del agua y de los servicios sanitarios, el gobierno de Javier Milei , mediante un nuevo e irregular decreto de necesidad y urgencia, acaba de ratificar su decisión de privatizar la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)^[1], buscando conseguir dólares para sostener un esquema económico insostenible.

Lamentablemente la Argentina ya transitó por ese camino y sus resultados no fueron buenos. Los datos sobre la privatización de Obras Sanitarias de la Nación, realizada el 1° de mayo de 1993, en forma integral, mediante el procedimiento de adjudicar la licitación al consorcio que ofreciera una mayor reducción tarifaria, muestran en forma clara el fracaso de la privatización.

La licitación fue ganada por un consorcio encabezado por la multinacional francesa Lyonnaise des Eaux (Suez) que presentó una oferta predatoria, esto es, que sus números no cerraban para cumplir las exigencias contractuales.

La opción elegida por reducción tarifaria derivó en que la concesión fuera otorgada en forma gratuita, exceptuada del pago de canon, lo cual no tiene justificación económica. Entre los compromisos asumidos figuraba la expansión de los servicios de agua y cloacas con metas precisas de carácter cuantitativo (cantidad de habitantes a incorporar a los servicios) y de carácter geográfico (zonas hacia donde debía expandirse).

¿Qué hizo AASA, la empresa concesionaria? Se expandió hacia las zonas con usuarios de mayor poder adquisitivo (norte del AMBA)^[2], los que podían pagar las tarifas, postergando a los habitantes de zonas de bajos ingresos.

En materia tarifaria, se estableció que los precios debían permanecer estables durante los primeros 10 años y después de ese lapso sólo podrían disponerse reducciones en los valores vigentes. Sin embargo, la tarifa de un usuario residencial no medido tuvo un crecimiento entre mayo de 1993 y enero de 2002 del 82 % mientras que la inflación (IPC) en el mismo periodo fue del 7 %. La mayoría de las subas, que incluyeron nuevos cargos, fueron extra contractuales, autorizados por el ente regulador (ETOSS) y por la autoridad de aplicación, comandada por la Ingeniera María J. Alsogaray.

Los incumplimientos contractuales determinaron que la cobertura del servicio de agua potable en el 2003 fuera del 79 % cuando la meta comprometida era del 88% y en el de desagües cloacales se alcanzó un 63 % frente a la previsión del 74% establecida en el contrato.

Tampoco AASA (Aguas Argentinas) cumplió con la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en el municipio de Berazategui. Fue AySA quien después se hizo cargo de la construcción que estuvo terminada en tres años e inaugurada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011.

Los aumentos tarifarios extracontractuales y los incumplimientos de las metas de inversión permitieron la obtención de elevadas tasas de rentabilidad. AASA tuvo una rentabilidad promedio sobre facturación del 13 %, tasa que se eleva a más del 20 % en la relación utilidades/patrimonio neto, muy por encima de los promedios que caracterizan a servicios similares en países desarrollados.

Los incumplimientos contractuales mencionados a lo que se suman desvíos en las metas de calidad, como la presencia de nitratos en varias localidades y la falta de presión en muchas zonas, determinaron la rescisión del contrato y la creación de AySA en 2006.

Pero el fracaso privatizador no sólo abarcó el caso de AASA, ya que la privatización de los servicios públicos se había extendido hacia las provincias. Es así como a fines del 2001, casi el 60 % de la población del país era abastecido por empresas privadas. Del total de 15 empresas que fueron privatizadas 11 de ellas fueron re-estatizadas. Además de Aguas Argentinas, son los casos de Tucumán (1998), Buenos Aires (2002, las dos empresas que se habían fusionado en Aguas Bonaerenses S.A.), Formosa (2002), Santa Fe (2006), Catamarca (2008), La Rioja (2010), Mendoza (2010), Salta (2009) y Jujuy (2015).

En la actualidad, sólo quedan cuatro empresas de agua y saneamiento privatizadas: Aguas Cordobesas S. A., que abastece a la ciudad de Córdoba (sólo de agua ya que el servicio de saneamiento está a cargo del gobierno municipal); Aguas de Corrientes S. A., que abastece a la ciudad de Corrientes y otras 13 localidades de la provincia –esta fue la primera privatización del sector, en el año 1991-; Aguas de Santiago S. A., en la Provincia de Santiago del Estero; y Aguas de Misiones S. A. que abastece a las ciudades de Posadas y Garupá, en Misiones. Entre las 4 abastecen a menos de un 10% de la población del país.

EN EL PLANO INTERNACIONAL

La crisis del modelo privatizador y la tendencia a re-estatizar las empresas es un fenómeno que se ha ido extendiendo en el ámbito internacional y que se observa en países y ciudades sumamente dispares. Tanto en países desarrollados, donde el abastecimiento prácticamente se ha universalizado, es decir alcanza casi al 100% de la población, como en regiones periféricas donde aún existen grandes desigualdades en el acceso al agua y aún mayor en el saneamiento, el modelo privatizador y mercantil ha entrado en crisis y los gobiernos optan por volver a un modelo público del agua.

Este proceso comprende diferentes alternativas no sólo la re-estatización, sino también la conversión en empresas de carácter local, porque la provisión del agua tiene esta modalidad, o el establecimiento de empresas de tipo comunitario. Proceso que podríamos definir como un nuevo modelo de gestión pública, que se distancia tanto del modelo privatista como del viejo modelo estatal del siglo pasado.

En el caso de Gran Bretaña, que ha sido emblemática en la privatización de los servicios públicos, cabe resaltar que en Escocia nunca fueron privatizados los servicios de provisión de agua, que en Gales la empresa Aguas Galesas se transformó en una empresa de carácter comunitario, donde los cuestionamientos a los resultados de la privatización fueron un tema central en la campaña electoral para las últimas elecciones.

HACIA NUEVAS FORMAS DE PROPIEDAD Y GESTIÓN

Estos procesos que involucran el retorno activo del Estado en la prestación y gestión de diversos servicios públicos deberían conducir a reflexionar y debatir intensamente, porque la discusión actual va más allá de la propiedad estatal o privada, dado que se trata de afrontar nuevos desafíos y posibilidades de encontrar nuevas formas de gestión que convoquen a los diferentes actores.

Es que estos nuevos y renovados procesos deberían comprenden un cambio fundamental en la concepción de los servicios públicos y particularmente del agua y el saneamiento, pasando de la lógica mercantilista que caracterizó a los programas de privatización hacia servicios de carácter público y su reconocimiento como derecho humano. Y ello involucra:

a) la universalización eficaz del servicio, lo que necesita criterios adecuados para financiar la incorporación de aquellos que aún no están abastecidos y en casos de exploración privada la fijación de tarifas pagables;
b) la calidad del producto, agua segura, tratamiento de los residuos cloacales y prevención estricta de la descarga ilegal de otros desechos contaminantes;
c) organizar a la comunidad en nuevas formas de propiedad y gestión PÚBLICO SOCIAL NO RENTISTA que incluya la participación de usuarios, vecinos, trabajadores, y con estrictas condiciones, proveedores locales, que supere el ineficaz y mezquino esquema de la propiedad participada;
d) justas condiciones laborales;
e) claros y exigentes sistemas de control y de rendición de cuentas;
f) preservación de los acuíferos

El agua es un derecho humano, recurso estratégico vital e imprescindible para todas las formas de vida, la salud, el trabajo y la producción, la economía sustentable, y la justicia social. En el contexto actual, de guerra económica por los recursos naturales, formas depredadoras de explotación y comercialización, de cambio climático negativo es fundamental asumir una estrategia para la conservación de los acuíferos, y el acceso asequible al agua a toda nuestra población con intervención social y pública del estado.

EL DECRETO 494/25 y LA PRIVATIZACIÓN de AYSA DEBEN SER ANULADOS. Es el Congreso de la Nación el que debe legislar en cuanto a los servicios públicos.

^[1] Lo hizo a través del DNU 494/25 y la Resolución N° 221 de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Economía, Milei y su ministro Luis Caputo pusieron en marcha la privatización total AYSA, mediante la venta del 90% del capital social en manos del Estado Nacional, disponiendo que el 51% del paquete accionario debe ser licitado para su adjudicación a un operador estratégico nacional o internacional, mientras que el remanente de acciones será vendido en bolsas y mercados del país. AYSA representa la empresa nacional prestadora del servicio de agua potable más importante del país, sirviendo al 25% de su población, cuyos objetivos centrales son garantizar el acceso al agua potable y saneamiento universal mediante el desarrollo de obras hídricas y de infraestructura, promoviendo el cuidado ambiental, preservando los recursos naturales.

Bajo el pretexto del mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno de Milei abre la puerta a grupos económicos, transnacionales y otros estados, que pareciera ya están elegidos, como podría ser el caso de Mekorot (empresa estatal israelí), para que administren un recurso estratégico para el país, esencial para la vida humana y la producción. La privatización del servicio de agua potable implica subordinar su prestación a la lógica de la maximización del beneficio empresarial y no de su acceso universal, negando así un derecho humano esencial para la vida. En esta línea, en 2024 se redujeron en un 70% * respecto del año anterior, las obras públicas de cloacas, saneamiento y ampliación del servicio llevadas adelante por AYSA. Y ahora, con la modificación del régimen regulatorio estarán habilitados para interrumpir el servicio por completo debido a la mora en los pagos, en un contexto de liberalización de las tarifas, que implicó incrementos en las facturas por más del 300% el último año.

^[2] Área Metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires.

FORO ECONOMIA Y TRABAJO

Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Pablo Manzanelli, Nicolás Malinovsky, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Coordinación: Eduardo Berrozpe

FORO ECONOMÍA Y TRABAJO. Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com

28/07/2025

Publicaciones

Ciclo de Charlas en Quilmes: Discapacidad y Derechos Humanos

Modelos de Discapacidad. Contexto Político,económico y social.

En el debate se pondrán en eje los siguientes puntos:
•Ley de Emergencia en Discapacidad
* Marcos legales y normativos a nivel nacional e internacional.
* Los desafíos en la implementación de políticas inclusivas.
* La importancia de la autonomía personal y la vida independiente.
* El rol de la educación inclusiva y la accesibilidad en todos los ámbitos.
* La lucha contra la discriminación y los estigmas sociales.
* Desafíos territoriales
* ⁠vivienda Digna más trabajo
* ⁠Discapacidad y Pobreza
Entre otros.

Organiza:
ONG Asociación sin Fronteras a la Discapacidad.

Partido Intransigente.

Oradores:

Daniel Arroyo
Diputado Nacional UP
Presidente de la comisión de discapacidad.

Lucrecia Monteagudo
Dip.Nacional M.C
Presidenta de APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)
Regional conurbano sur

Vanina Cabrera Presidenta de ASFAD.
Aacompañante Terapéutica.
Integradora escolar -Militante por los derechos de las Personas con Discapacidad .

Lunes 23 de Junio 18:00hs | Lavalle 811 Quilmes Centro | Sede Partido instransigente

24/06/2025

ECONOMIA, Publicaciones

Tarifas Justas, Razonables y Pagables

Por Américo García

Frente al brutal tarifazo impuesto por el gobierno de Milei se hace imprescindible trabajar en una propuesta alternativa para contrarrestar los graves efectos sociales y económicos que las mismas están ocasionando.

Cabe destacar, en este aspecto, que la mayoría de los marcos regulatorios, particularmente en los casos de gas y electricidad, hacen referencias, en general con una vaga conceptualización, a la fijación de tarifas justas y la obtención de ganancias razonables por parte de las empresas prestadoras.

En el caso de la ley 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico), el inciso d) del artículo 2° menciona como parte de sus objetivos el de “regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables”; para reiterar en el artículo 40 que “los servicios suministrados por los transportistas y distribuidores serán ofrecidos a tarifas justas y razonables”. Y en el artículo 41 se precisa que esa razonable tasa de rentabilidad deberá “guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de la empresa”, y además, “ser similar, como promedio de la industria, a la de otras actividades de riesgo similar o comparable internacionalmente”. (Destacado propio)

Para el servicio de gas natural por redes, regido por la ley 24.076 (Marco Regulatorio del Gas Natural), con una redacción casi idéntica a la mención anterior, el inciso d) del artículo 2° expresa que el Ente Regulador (ENARGAS) deberá “regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la presente ley”. A su vez, los artículos 38 y 39 parecieran querer precisar los principios tarifarios al expresar el primero en el inciso a) que se deberá “proveer a los transportistas y distribuidores que operen en forma económica y prudente, la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable…” Y agrega el artículo 39 que: “A los efectos de posibilitar una razonable rentabilidad a aquellas empresas que operen con eficiencia, las tarifas que apliquen los transportistas y distribuidores deberán contemplar:

a) Que dicha rentabilidad sea similar a la de otras actividades de riesgo equiparable o comparable;

b) Que guarde relación con el grado de eficiencia y prestación satisfactoria de los servicios.”

En la ley 23.696, eufemísticamente llamada de Reforma del Estado, cuando en realidad fue la legislación que rigió el proceso de privatizaciones de los años ’90, el artículo 15 estableció que «en todos los casos se exigirá una adecuada equivalencia entre la inversión efectivamente realizada y la rentabilidad». En el artículo 57 de esta misma norma, referido a las concesiones por peaje (Ley N° 17.520), se expresa que «las concesiones que se otorguen deberán asegurar necesariamente que la eventual rentabilidad no exceda una relación razonable entre las inversiones efectivamente realizadas por el concesionario y la utilidad neta obtenida por la concesión». (Destacados propios).

De estas definiciones, en principio, pareciera surgir que las tarifas justas y razonables derivan en realidad de la “razonabilidad” de la rentabilidad de las empresas a la que un determinado nivel de las tarifas da lugar.

Tal como se desprende de las citas, las normas regulatorias, con ciertos matices, expresan consideraciones parecidas en lo que se refiere a la necesaria justicia y razonabilidad de las tarifas de los servicios públicos y, por ende, a la razonabilidad de las correspondientes tasas de rentabilidad empresaria. A pesar de ello vemos que no existe una definición ni tampoco delimitación para considerar la justicia y razonabilidad de un régimen tarifario. En definitiva, la legislación mencionada remite a ganancias razonables de las empresas prestatarias de un servicio público. Y en su intento de precisión de este concepto se lo relaciona con los márgenes de ganancias que exhiban sectores y actividades comparables, similares o equiparables en términos de riesgo empresario involucrado.

Ganancias no tan razonables

En ese marco, cabe incorporar una característica básica de los mercados que enfrentan los servicios públicos. Los rasgos distintivos de los mercados involucrados (monopólicos u oligopólicos, demanda cautiva, reservas legales) conllevan, naturalmente, un menor riesgo empresario que el que se desprendería de otras actividades económicas. Hasta allí, independiente de toda otra consideración, el criterio de “razonabilidad” de las tasas de beneficio (y de las tarifas que las sustentan) sugeriría que las esperables en esos ámbitos protegidos, natural o legalmente, deberían ser sustancialmente inferiores a las correspondientes a la mayor parte de los restantes sectores económicos, expuestos a la competencia, con el consiguiente riesgo empresario que se desprende de esas mismas condiciones de cierta competencia interempresaria.

En ese sentido, un ejemplo a destacar es que en la última revisión tarifaria integral realizada por el macrismo las tasas de rentabilidad anuales que se utilizaron para calcular la remuneración sobre la base de capital de las empresas transportistas y distribuidoras de gas natural, fueron de 8.99% y 9.33% respectivamente en términos reales. Según un estudio del Boston Consulting Group que compara los retornos anuales de empresas energéticas entre los años 2019 y 2023, las empresas de servicios públicos regulados tuvieron un retorno promedio del 6 %, cifra que muestra la sobreestimación mencionada.

La información proveniente de las propias empresas y diversos análisis muestran que las ganancias obtenidas por las empresas prestatarias, tanto eléctricas como gasíferas y en sus diversas etapas de producción, transporte y distribución, alcanzan niveles extraordinarios que escapan a las aún genéricas consideraciones de razonabilidad. Un estudio reciente de CIFRA sobre las ganancias de grandes empresas en el primer trimestre de 2024 muestra que las siguientes empresas alcanzaron un alto porcentaje al relacionar sus ganancias con sus volúmenes de venta: Metrogas 74,3 %; Edenor 18,4 % y TGS 29,4 %. Según la información brindada por la propia empresa, Edesur alcanzó en el año 2023 una ganancia de $ 79.732 millones y en el primer trimestre de 2024 una ganancia después de impuestos de $ 104.750 millones como consecuencia de los ajustes tarifarios.

Dichos niveles de rentabilidad no se condicen con el bajo nivel de riesgo que enfrentan las mencionadas empresas. Además, ese menor riesgo empresario asociado a la condición de monopolios naturales o legales se ve reforzado por la existencia de una multiplicidad de reaseguros normativos y un desempeño regulatorio que, en general, garantiza la preservación de una ecuación económico-financiera y tasas internas de retorno que en diversos períodos (los años ’90 posteriores a la privatización, los cuatro años macristas y el gobierno actual) implicaron transferencias de ingresos desde los usuarios hacia los accionistas de las prestadoras.

Ganancias, eficiencia e inversiones

Pero además, las normas regulatorias tratan de relacionar las ganancias con la eficiencia y eficacia operativa de las empresas y con una prestación satisfactoria de los servicios. En el caso eléctrico, claramente hay indicadores y episodios graves que ponen en duda esta referencia.

Apagones, que en algunos casos afectaron a zonas amplias del país, reiterados y prolongados cortes de servicios que son habituales en el suministro eléctrico y mala atención a los reclamos de los usuarios.

Es decir, que en este aspecto la eficacia y la eficiencia operativa tienen que ser evaluada con la calidad del servicio. Para ello se necesitan parámetros precisos que midan esta última. El régimen de regulación tipo “price caps” debe necesariamente complementarse con la regulación de la calidad, para evitar que la maximización de los beneficios que persigue una empresa privada no redunde en subinversiones que deterioren la calidad de prestación. Cabe señalar al respecto que en el caso de la electricidad se dispusieron en la gestión macrista modificaciones al régimen de calidad que redujeron substancialmente los compromisos de las prestadoras, especialmente en materia de cantidad de cortes del suministro y de su duración. Asimismo, permitieron establecer parámetros diferenciales según la empresa y las zonas de prestación violentando la lógica regulatoria y la fijación de tarifas basada en una calidad uniforme.

En la última revisión semestral de calidad del servicio de las prestadoras Edenor y Edesur (septiembre 2023-febrero 2024) tuvieron sanciones por $ 14.974,4 millones, de los cuales el 84 % corresponde a Edesur. Un dato que no puede ser pasado por alto es que esta última empresa incumplió el indicador SAIDI (duración de los cortes del servicio) en toda el área de concesión

En la ley de Reforma del Estado hay un intento de delimitación de las ganancias a la relación razonable, nuevamente la palabrita, entre las inversiones efectivamente realizadas por el concesionario y la utilidad neta. Más allá de la obviedad de la frase, que no avanza en una definición precisa, lo interesante está en la caracterización de “efectivamente realizadas”.

El llamado Fallo Cepis, dictado por la Corte Suprema de Justicia, referido al tarifazo macrista estipuló que las decisiones en materia tarifaria “imponen al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir una relación directa, real y sustancial entre los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos (destacados propios). Para agregar luego que “el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de “confiscatoria”, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar (destacados propios).”

La experiencia argentina debe llevarnos a reflexionar, sobre todo en el marco de la crisis mundial actual de la energía, acerca de los niveles tarifarios de los servicios públicos y de cómo debe afrontarse su pago. Si los servicios públicos son un derecho y no una mercancía queda claro que deben tener carácter universal, esto es, llegar al conjunto de la población. Es cierto también que las tarifas tienen que remunerar a las empresas prestatarias de manera tal de cubrir sus costos operativos, sus inversiones y las ganancias de las prestadoras privadas. Y desde esta concepción es donde aparece la necesidad de desarrollar sistemas tarifarios que contemplen diferenciaciones para aquellos usuarios que por distintas razones económicas, sociales, territoriales, climáticas, no puedan hacer frente a su pago.

Después de 30 años de haber privatizado la mayoría de los servicios públicos sería importante que la Argentina revisara la forma en que se realizó ese programa, las decisiones adoptadas en materia regulatoria y los sistemas tarifarios que se fueron instrumentando en las diferentes etapas. Y que en ese marco se definieran sistemas regulatorios que se sitúen más cerca de los intereses de los usuarios que en última instancia son los destinatarios de servicios de calidad que puedan ser pagados sin afectar su bienestar.

En definitiva, en la situación actual, derivada del brutal tarifazo del gobierno de Milei y de la aplicación sesgada de la legislación regulatoria, con sus consecuencias sociales y económicas, que se revelan en la disminución del consumo, la desconexión de numerosos usuarios, el endeudamiento familiar para afrontar los pagos, el cierre de Mipymes que no pueden solventar las facturas; se impone proponer no sólo tarifas justas y razonables en el sentido expuesto sino también que puedan ser pagadas por el conjunto de los usuarios más allá incluso de sus posibilidades a raíz de la afectación de sus ingresos derivada de la política implementada por el gobierno. Además de la asunción de esos compromisos políticos y éticos se cuentan también con las herramientas jurídicas y económicas que se derivan de las disposiciones legales y regulatorias vigentes, más allá de la necesaria revisión de la legislación proveniente del esquema de privatización de los años noventa.

Nota: para una propuesta más amplia en materia tarifaria energética puede verse: https://labancaria.org/foro-economia-y-trabajo-gas-natural-energia-electrica-liberad-para-ir-a-la-ruina/

29/11/2024

Sin categoría

ПЛОЩАДКА КРАКЕН ДАРКНЕТ ЗЕРКАЛО ССЫЛКА ТОР

Как работает Kraken: взгляд изнутри

Kraken – это платформа, которая обеспечивает доступ к широкому спектру запрещенных товаров и услуг. С его появлением в 2022 году, Kraken стал одним из главных игроков на российском даркнет-рынке. Как и многие другие подобные платформы, Kraken доступен только через Tor с луковой маршрутизацией, обеспечивая высокий уровень анонимности для пользователей.

Регистрация и использование

Для того чтобы начать пользоваться услугами Kraken, пользователи должны зарегистрироваться на платформе. После регистрации, им предоставляется возможность пополнить свой биткойн-баланс, с помощью которого они смогут совершать покупки на сайте. Средства списываются с баланса покупателя и перечисляются продавцу после совершения сделки.

Ассортимент товаров

На Kraken можно найти широкий ассортимент запрещенных товаров и услуг. Это включает в себя наркотики, поддельные документы, услуги по отмыванию денег и многое другое. Платформа предоставляет возможность как продавцам, так и покупателям находить друг друга и проводить сделки без посредников.

Борьба за рынок

Kraken активно участвует в борьбе за рынок наркотиков в российском даркнете. С появлением этой платформы, конкуренция стала еще более острой, и участники рынка вынуждены постоянно совершенствовать свои услуги и находить способы привлечения новых клиентов.

Заключение

Kraken – это один из крупнейших российских даркнет-рынков, предоставляющий доступ к запрещенным товарам и услугам. Платформа обеспечивает высокий уровень анонимности для пользователей и позволяет им совершать сделки без посредников. Однако, необходимо помнить о законности таких действий и последствиях, которые могут возникнуть при участии в подобных операциях.

28/07/2024

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26/07/2024

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